México.- El gobernador de Durango, Esteban Villegas, ha revelado que su visa para entrar a Estados Unidos está marcada con una alerta amarilla, lo que le obliga a presentarse ante un consulado estadounidense. Esta situación se debe a un posible caso de homonimia, donde otra persona comparte su nombre.
«Están revisando por qué activó una alerta amarilla en mi último ingreso a EE.UU.», comentó el mandatario a medios locales. Aclaró que no se trata de una cancelación de su visa durante la administración de Donald Trump, aunque no proporcionó detalles sobre el momento en que se activó esta alerta.
Contexto de mayor vigilancia sobre políticos mexicanos
Este anuncio se produce en un momento en que el Departamento de Estado de EE.UU. ha intensificado el escrutinio sobre políticos y funcionarios mexicanos, revisando exhaustivamente sus permisos migratorios. Recientemente, se ha divulgado una lista de diversas figuras públicas que han enfrentado revocaciones o suspensiones de sus visas por parte de las autoridades estadounidenses.
Entre los nombres destacados, se encuentran los exgobernadores Carlos Joaquín González de Quintana Roo y Alejandro Murat de Oaxaca, así como legisladores como Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal. La presión sobre los líderes políticos se incrementa en un entorno donde se requiere un monitoreo constante debido a la relación cercana y el flujo entre ambos países.
Repercusiones en la agenda política
Las restricciones impuestas por los consulados estadounidenses han generado inquietud en el Congreso de México, ya que la revocación de visas afecta las agendas de trabajo binacional y la cooperación en misiones comerciales. En este contexto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha solicitado la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos delictivos, una petición que fue desestimada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta situación ha revivido el debate sobre la soberanía nacional y la influencia de autoridades extranjeras en asuntos internos. Mientras tanto, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene una política de privacidad y no comenta sobre casos individuales, lo que alimenta conjeturas sobre las razones detrás de las sanciones.
