México.- En un acontecimiento significativo para la política veracruzana, la gobernadora Rocío Nahle, junto al Secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, ha alcanzado un consenso inédito entre alcaldes de diferentes fuerzas políticas para resolver el problema de la bursatilización municipal.
Este convenio, aprobado de forma unánime por los 199 ayuntamientos implicados, permitirá la reestructuración y liquidación anticipada de una carga financiera que data de 2008, la cual había asfixiado las finanzas locales durante años.
La importancia de este acuerdo radica en la fragmentación política que caracteriza actualmente al estado, donde los 212 municipios están gobernados por una variedad de partidos, desde Morena y el Partido Verde hasta el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Pese a las diferencias ideológicas, los alcaldes optaron por enfocarse en un objetivo común: restaurar la salud financiera de sus localidades y beneficiar a sus comunidades.
El origen del problema se remonta a 2008, cuando los 199 municipios implementaron un esquema de bursatilización respaldado por sus participaciones federales, obteniendo aproximadamente 1,200 millones de pesos. Esta medida, que prometía impulsar el desarrollo, se transformó en una trampa financiera que se extendería originalmente hasta 2036, comprometiendo los ingresos futuros de las administraciones locales.
A lo largo de casi 20 años, los municipios han desembolsado más de 2,500 millones de pesos, aunque la mayor parte de estos fondos se destinó a intereses y costos financieros, dejando el saldo principal casi sin cambios. Para 2026, se estimaba un adeudo superior a los 1,500 millones de pesos, lo que obstaculizaba la inversión en obras públicas.
La estrategia de rescate propuesta por la administración de Nahle contempla que el Gobierno del Estado absorberá alrededor del 75 por ciento de la deuda pendiente, mientras que los municipios se encargarán del 25 por ciento restante a través de un plan reestructurado con un plazo que finalizará en 2030. Esto reduce la duración del Fideicomiso en seis años y libera recursos que estaban sistemáticamente retenidos.
Con la aprobación unánime de los cabildos y el respaldo del Congreso del Estado, el proceso ha avanzado a su fase ejecutiva. El siguiente paso es formalizar las notificaciones a las instituciones financieras involucradas y llevar a cabo los pagos planificados, deteniendo así las retenciones a las arcas municipales.
Si se cumplen los plazos establecidos, se espera que, a partir de agosto, los municipios comiencen a recibir sus participaciones federales completas. Estos fondos son esenciales para ofrecer servicios básicos como seguridad pública, alumbrado, agua potable y pavimentación, convirtiendo este acuerdo en un hito político para el desarrollo de las comunidades veracruzanas en años recientes.
