Internacional.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha decidido dar un giro significativo en su política de inmigración al desprenderse de siete de los once almacenes adquiridos por mil millones de dólares, originalmente destinados a convertirse en centros de detención para migrantes. Esta decisión se enmarca dentro de un cambio de enfoque que busca una gestión más cuidadosa de las medidas migratorias.
La agencia ICE, que opera bajo el DHS, revela que estos siete almacenes, en los que se invirtieron 700 millones de dólares, serán vendidos o transferidos a otras entidades federales. Este hecho se presenta como un alejamiento de la estrategia migratoria impulsada por la administración anterior de Donald Trump, bajo la dirección de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional.
Markwayne Mullin, actual secretario de DHS, ha manifestado su intención de adoptar un enfoque menos agresivo respecto al control migratorio, enfatizando la necesidad de una ejecución más discreta de las políticas. Según se menciona, el desarrollo de un nuevo sistema de detención ha resultado complicado, especialmente al enfrentar la burocracia necesaria para la deportación masiva de individuos.
Uno de los centros que no abrirá sus puertas es el almacén situado en Roxbury, Nueva Jersey. La gobernadora demócrata Mikie Sherrill celebró esta noticia, considerándola como un triunfo para la seguridad pública y afirmando que el almacén no estaba diseñado para manejar a miles de personas. Sherrill destacó que estos planes jamás debieron ser legales y mencionó la demanda presentada en su contra para evitar el establecimiento del centro de detención.
Por otro lado, John Fabbricatore, exasesor senior en inmigración bajo la administración Trump, recordó que el proyecto de los almacenes fue una solución rápida orientada a facilitar la deportación en gran escala, lo que generó descontento en diferentes comunidades que temían el impacto de estos centros en sus economías y servicios públicos.
Incluso se recibieron cartas de líderes republicanos expresando su oposición a la instauración de estos centros en sus comunidades, evidenciando la controversia que rodeaba la idea.
Además, el inspector general ha señalado que el costo de algunos de estos espacios ha superado los 145 millones de dólares, cifra que no incluye las revisiones necesarias para adecuarlos a su nuevo propósito. Sin embargo, el mayor obstáculo radica en las demandas ambientales que han surgido, lo que conlleva considerar el impacto de estos proyectos en el entorno local.
