México.- A pesar de la creciente preocupación por la violencia dirigida a la comunidad LGBT+, el país aún no cuenta con un sistema oficial para documentar crímenes de odio. En el marco del Día Internacional contra la LGBTfobia, diversas organizaciones civiles dieron la voz de alerta tras documentar al menos 24 asesinatos en los primeros meses de 2026, de los cuales 17 fueron cometidos contra mujeres transgénero.
Los activistas señalaron que la carencia de registros oficiales diferenciados complican la evaluación de la violencia que enfrenta la comunidad LGBTI+ en México, contribuyendo a un ambiente de subregistro y falta de justicia. Samuel Jair Martínez, coordinador de investigación del Observatorio de Crímenes de Odio, explicó que aunque se ha observado una disminución aparente en los homicidios de personas LGBT+ —60 en 2025 en comparación con 80 en 2024—, esta tendencia debe interpretarse con precaución.
“El descenso podría estar influenciado por diversas dinámicas que podrían causar un aumento en cualquier momento”, advirtió. Hasta ahora, el Observatorio ha registrado que la mayoría de las víctimas en 2026 son mujeres trans, evidenciando una preocupante tendencia en la violencia letal por prejuicio.
Martínez también destacó la preocupante situación de quienes defienden los derechos de las personas LGBT+, mencionando al menos 20 agresiones documentadas en los últimos tres años, reflejando la hostilidad persistente hacia esta comunidad.
En este contexto, la ausencia de un sistema formal que registre los delitos con base en orientación sexual e identidad de género mantiene a México en deuda con sus ciudadanos. “Nuestro informe ayuda a aprobar esta necesidad, aunque no sustituye la obligación del Estado”, expresó Martínez, indicando que los datos se recopilan a partir de medios de comunicación y observatorios locales.
Por su parte, Amy Salazar, oficial de Emancipación y Comunicación de la organización Balance, subrayó que la violencia sufrida por la comunidad LGBT+ no se limita a los asesinatos, ya que muchos incidentes no se reflejan en las estadísticas. Resaltó que la falta de registros adecuados es una de las principales omisiones del Estado frente a la violencia LGBTfóbica, mientras otras formas de discriminación, como la lesbofobia, continúan siendo ignoradas en el discurso público.
“Las violencias que más nos afectan son las que ocurren en nuestros espacios cotidianos. Esto repercute gravemente en nuestra salud mental”, comentó Salazar, aludiendo a un diagnóstico reciente de la UNAM que reveló que casi el 80% de hombres trans y personas no binarias había considerado el suicidio.
Además, Salazar denunció que prácticas institucionales como registrar transfeminicidios como homicidios, o utilizar nombres y pronombres incorrectos, agravan la invisibilidad de las víctimas trans en los informes oficiales. Recientes modificaciones en las metodologías de registro de delitos también han dificultado la comparación de datos, dificultando la tarea de monitorear las tendencias de violencia, un reclamo constante de las organizaciones civiles.
Finalmente, los activistas manifestaron que la visibilidad de casos recientes es parte de estrategias colectivas para combatir la impunidad y el silencio institucional sobre la violencia LGBTfóbica. “No hay políticas públicas ni esfuerzos significativos para enfrentar los prejuicios y prevenir la violencia”, concluyó Martínez.
