México.- Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al activista Raymundo Ramos Vázquez en su lista de sancionados, acusándolo de respaldar a miembros del Cártel del Noreste y de presentar denuncias infundadas contra el Ejército mexicano. Según los informes, también estaría involucrado en el financiamiento de protestas y en la defensa de la reputación de criminales caídos o arrestados.
A raíz de estas acusaciones, varias organizaciones no gubernamentales, así como medios de comunicación cercanos a Ramos, han manifestado su desacuerdo en redes sociales y programas de opinión, sugiriendo que la sanción proviene de una animosidad por parte del gobierno mexicano, en particular las Fuerzas Armadas y del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
No es la primera vez que Ramos enfrenta tales cuestionamientos, pues en 2019 ya se le había revocado su visa por razones similares. Entre 2014 y 2018, se le atribuye la organización de manifestaciones en contra de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, lo que, según críticos, favoreció las operaciones del narcotráfico.
Las acusaciones en su contra han sido contundentes y provienen de diversas fuentes. En 2015, Ramiro Pérez Moreno, conocido como el Ramas y líder de Los Zetas, hizo un reclamo público de que Ramos recibía cinco mil dólares semanales a cambio de ocultar a miembros de su organización. Hasta la fecha, Ramos no ha mostrado evidencias que desmientan estas graves acusaciones.
En operaciones policiales contra el Cártel del Noreste, se hallaron pancartas vinculadas a protestas organizadas por Ramos, lo que sugiere un estrecho vínculo entre su activismo y el crimen organizado. Un hecho que resalta esta relación fue la difusión de un audio en marzo de 2023, donde se le escucha tranquilizando a un alto mando del cártel sobre las acciones legales relacionadas con su grupo.
A pesar de la acumulación de pruebas en su contra, Ramos a menudo minimiza la situación y se presenta como víctima de un asedio por parte de las fuerzas armadas. En disputas públicas, ha desviado la atención de las denuncias hacia el ejército, sin presentar evidencia en contra de los delincuentes que señala.
Históricamente, ha promovido quejas de violaciones a derechos humanos contra las Fuerzas Armadas mexicanas, aunque muchas de ellas han terminado sin hallazgos de responsabilidad. Desde 2010, ha protestado al menos 26 veces contra el ejército, resaltando su enfoque en culpabilizar a las fuerzas de seguridad en lugar de a los verdaderos delincuentes.
La actividad de Raymundo Ramos no solo compromete la transparencia de las investigaciones, sino que amplía la impunidad de los criminales, socavando la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia en México.
