Internacional.- La gestión de Delcy Rodríguez ha experimentado un giro drástico en solo seis meses. De enfocarse en una transición política, su administración enfrenta actualmente la difícil tarea de gestionar una crisis nacional tras un devastador terremoto.
Hasta junio, el panorama se centraba en la posible consolidación de un cambio ordenado en el país después de la era de Nicolás Maduro. Sin embargo, el sismo de finales de mes ha desatado una nueva interrogante: ¿puede el sistema gubernamental de Venezuela recuperarse?
En los primeros meses, Rodríguez intentó ganar credibilidad adoptando un enfoque pragmático que incluía reformas económicas y una apertura política moderada. Sus esfuerzos por atraer inversiones, reformar el sector de hidrocarburos y restablecer relaciones con organismos financieros internacionales parecían promisorios. La ley de amnistía que permitió la libertad de algunos presos políticos era un indicativo del cambio en la estrategia hacia la normalización de relaciones con Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de los avances, los resultados económicos se mantuvieron por debajo de las expectativas y la mejora en la calidad de vida de la población aún es escasa. Crecieron las dudas acerca de la legitimidad de un gobierno que se percibe como transitorio.
El terremoto, un evento devastador, no solo destruyó infraestructuras, sino que también expuso la debilidad del Estado tras años de deterioro en su administración y en infraestructuras, poniendo en relieve la urgencia de una reconstrucción efectiva.
Entonces, el enfoque del gobierno cambió. En lugar de concentrarse en reformas políticas, ahora debe dedicar gran parte de su capital político a reconstruir infraestructuras fundamentales como carreteras, hospitales y servicios esenciales, demostrando que las instituciones pueden ofrecer respuestas a las necesidades más básicas de los ciudadanos.
Paralelamente, surge otra complejidad con la administración de Donald Trump que, tras haber antagonizado al chavismo, se convierte en un apoyo inesperado para el nuevo gobierno, priorizando la estabilidad y recuperación de la producción energética por encima de la presión para una rápida normalización política.
El segundo semestre se vislumbra como un reto monumental. El gobierno tendrá que avanzar en tres frentes: liderar la reconstrucción tras el terremoto, impulsar una recuperación económica que aún es insuficiente y trazar un plan claro para llevar a cabo la transición institucional que devuelva al país a la democracia.
El fracaso en cualquiera de estas áreas podría poner en grave riesgo la viabilidad de la administración. La experiencia mundial indica que las transiciones políticas no fracasan por la falta de discursos, sino por la incapacidad de generar resultados concretos en momentos de crisis.
Venezuela se encuentra en un momento crítico. Ahora, la legitimidad del gobierno dependerá de su capacidad para gestionar efectivamente esta crisis y no de meras promesas de cambio. Un gobierno se prueba a sí mismo no cuando las cosas van bien, sino cuando debe enfrentarse a lo inesperado y encontrar soluciones.
