Internacional.- La policía de Texas recibe un nuevo poder que le permite detener y expulsar a personas sospechosas de estar en el país de manera irregular. Esta decisión surge a raíz de un fallo reciente de un Tribunal de Apelaciones que aprueba la ley SB4, previamente suspendida tras la oposición de diversas organizaciones de derechos humanos.
El tribunal dictó que las ONG demandantes no tenían fundamento legal para impugnar la legislación, que considera un crimen estatal la entrada irregular desde México. Las sanciones varían desde seis meses hasta 20 años de prisión para los reincidentes, permitiendo a las autoridades estatales arrestar y retener a presuntos infractores.
Además, la ley otorga a los jueces del estado la capacidad de ordenar la expulsión de inmigrantes a México. Críticos de la norma, incluyendo a entidades como American Gateways y Las American Immigrant Advocacy Center, argumentan que este tipo de legislación se sobrepone a los derechos federales de inmigración y supone un obstáculo para quienes buscan asilo.
Las organizaciones también advierten que la implementación de la SB4 puede propiciar prácticas discriminatorias hacia comunidades hispanas y minorías raciales. Aprobada durante el mandato de Joe Biden, esta ley encuentra un contexto complejo, dado el descenso en los cruces irregulares bajo la administración actual de Donald Trump, que ha intensificado una campaña contra la inmigración.
En este ambiente, el gobernador Greg Abbott ha instado a grandes ciudades como Houston y Dallas a reforzar la colaboración con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), a pesar del rechazo popular a las políticas restrictivas. Recientes estadísticas indican un aumento drástico en las detenciones de migrantes sin antecedentes, resaltando la tensión entre las autoridades estatales y la comunidad inmigrante.
