En un comunicado emitido el 29 de abril de 2026, se informó sobre una supuesta conspiración entre los acusados y miembros del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción conocida como Los Chapitos. El objetivo de esta colaboración sería importar grandes volúmenes de drogas a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
Además de Rocha Moya, la lista de acusados incluye al senador Enrique Inzunza Cazarez, así como a otros destacados funcionarios como Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y Marco Antonio Almanza Avilés, entre otros. El caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
El fiscal federal Jay Clayton subrayó la peligrosidad del Cártel de Sinaloa, al afirmar que ha sido una amenaza persistente para la comunidad durante décadas. Clayton enfatizó que esta organización criminal no podría operar de manera tan libre si no contara con la protección de políticos corruptos.
Terrance Cole, director de la DEA, añadió que el cártel no solo se dedica al tráfico de drogas, sino que también actúa como una organización terrorista, utilizando la corrupción para extender su influencia y fomentar la violencia.
Los cargos presentados son solo acusaciones, y los imputados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, las penas que podrían enfrentar son severas. Por ejemplo:
- Rubén Rocha Moya: Acusado de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, podría enfrentar de 40 años a cadena perpetua.
- Enrique Inzunza Cazarez: Podría recibir una pena similar por cargos análogos.
- Dámaso Castro Zaavedra: También enfrenta la misma gama de penas.
- Juan Valenzuela Milán: Entre sus múltiples cargos se incluyen secuestro con resultado de muerte, lo que podría acarrear penas aún más severas.
Este caso marca un momento crucial en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México y resalta la necesidad de unidad en la protección de las comunidades.
