México.- En un giro inesperado, miembros del partido Morena han iniciado diálogos con autoridades estadounidenses, ofreciéndose como informantes en investigaciones que vinculan a funcionarios mexicanos con el narcotráfico, según un reporte revelado por The New York Times.
Este acercamiento se produce tras acusaciones formales de la Administración de Control de Drogas (DEA) hacia algunos líderes importantes, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Las pláticas involucran a al menos ocho individuos que han participado activamente en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos.
El objetivo de estas gestiones parece ser anticiparse a las investigaciones que podrían dirigirse hacia ellos, lo que señala un momento crítico para el partido, que es actualmente una de las fuerzas de izquierda más influyentes en la región.
Impacto en la estabilidad de Morena
La investigación sugiere que si Estados Unidos establece una red eficaz de informantes dentro de Morena, esto podría derivar en una serie de testimonios y acusaciones que desestabilizarían al partido. Esta situación presenta un desafío significativo para la presidenta climática Claudia Sheinbaum, quien enfrenta divisiones en su administración. Mientras algunos abogan por una mayor cooperación con Washington, otros temen las implicaciones de procesar a gobernadores mexicanos en funciones.
Consecuencias y reacciones
De acuerdo con fuentes cercanas al asunto, la lista de informantes podría aumentar, incluyendo a figuras relevantes que han colaborado con el cártel de Sinaloa. El administrador interino de la DEA, Derek Maltz, indicó que la autenticidad de estos testimonios pavimenta el camino para casos judiciales más sólidos.
Además, esta situación pone a varios gobernadores en el punto de mira de los investigadores de EE.UU., en particular a Alfonso Durazo y Américo Villarreal, quienes han negado cualquier conexión con actividades criminales. Estos desarrollos se producen en medio de una creciente presión sobre el gobierno mexicano y sus autoridades para abordar los vínculos con la delincuencia organizada.
