Internacional.- En una reciente conferencia titulada Derecho de Réplica, la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó tres documentos relevantes sobre las solicitudes de detención temporal con fines de extradición dirigidas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios mexicanos.
La difusión de estos documentos fue ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a las demandas de acceso a la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que hará públicos ciertos datos, excluyendo aquellas notas diplomáticas que estén vinculadas a expedientes judiciales y que, por su naturaleza, deben permanecer reservadas.
Los documentos revelan que el 28 de abril de 2026, Estados Unidos solicitó la detención de diez ciudadanos mexicanos en relación a una acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Entre los nombres citados se encuentran Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La acusación por parte de Estados Unidos alega que estos individuos habrían colaborado con el grupo conocido como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y estarían implicados en una conspiración para introducir diversas drogas en territorio estadounidense, además de la participación en delitos de armamento. Es importante destacar que estos documentos especifican que se trata únicamente de acusaciones y no de condenas.
Como respuesta a estas solicitudes, el gobierno mexicano reiteró su exigencia de pruebas concretas y un debido proceso. La información recibida ha sido canalizada a la Fiscalía General de la República (FGR), quien se encargará de investigar y decidir sobre los pasos a seguir conforme a la legislación mexicana.
En este sentido, el gobierno aclaró que, bajo el sistema penal acusatorio, ninguna acción judicial puede llevarse a cabo solo con base en acusaciones, y que es fundamental contar con pruebas claras y verificables. Enfatizó su postura de que no otorgará protección a quienes hayan cometido delitos, siempre y cuando se actúe dentro del marco legal vigente.
Adicionalmente, uno de los documentos presentados es un oficio que la Cancillería envió el 30 de abril al gobierno estadounidense, donde se expresó la preocupación por la divulgación de los nombres y cargos de los implicados en las solicitudes de detención provisional. Según la SRE, esta exposición pública podría poner en riesgo las investigaciones, los procedimientos de extradición y el derecho al debido proceso. Asimismo, se indicó que el gobierno norteamericano había solicitado mantener la información bajo reserva, lo cual complicó la situación para garantizar la confidencialidad necesaria.
Con la publicación de estos documentos, México busca desterrar las versiones que sugieren un supuesto “blindaje” político hacia Rocha Moya.
