Internacional.- La Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde al juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dos cargos penales: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Este procedimiento ha sido objeto de atención mediática y revisiones legales que han llevado a la eximición de otros dos delitos que originalmente se le imputaron.
En el auto emitido este jueves, los magistrados han decidido que el juicio únicamente abordará los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que los cargos de apropiación indebida y corrupción en los negocios privados han sido desestimados. Además, han retirado las medidas cautelares impuestas a Gómez, lo que le permitirá recuperar su pasaporte y viajar al extranjero, siempre que se mantenga localizada.
Detalles del juicio
El juez Juan Carlos Peinado inicialmente programó el juicio por los cuatro delitos en el contexto de la gestión de Gómez al frente de una cátedra pública en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, tras una revisión de los hechos, se ha optado por el enfoque actual.
Los magistrados han señalado que existe fundamento suficiente para creer que Gómez utilizó su relación con el presidente para favorecerse en su cargo, alegando que su conexión matrimonial representaba una presión moral que podría haber influido en las decisiones vinculadas a la concesión de la cátedra.
Malversación de caudales públicos
Respecto a la malversación, el tribunal ha considerado que el delito no puede sustentarse en la apropiación de bienes intangibles como un software, indicando que debe ser definido en función de patrimonios privados y actos cometidos por funcionarios. Esta aclaración justifica su enjuiciamiento en relación al uso de fondos públicos para el desarrollo de una herramienta digital.
El auto también aborda la situación de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, quien solo enfrentará juicio por malversación, mientras que se ha separado la situación del empresario Juan Carlos Barrabés, cuya legalidad en los contratos públicos será investigada de manera independiente.
Controversia política y mediática
Desde que se inició la investigación, en abril de 2024, tras una denuncia del sindicato autodenominado Manos Limpias y publicaciones en medios, la situación ha generado una ola de reacciones en el ámbito político. Fuentes del Gobierno han defendido la inocencia de Gómez, argumentando que se trata de una causa motivada políticamente por información falsa.
Con este nuevo avance, el tribunal ha instado al juez Peinado a elaborar un nuevo auto de procesamiento para Gómez y Álvarez en consonancia con los delitos que han sido confirmados.
