México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una pesquisa sobre doce individuos y dos entidades legales acusadas por Estados Unidos de estar asociadas al Cártel de Sinaloa. Esta acción se enmarca dentro de un análisis exhaustivo de flujos financieros, fiscales y corporativos, con el objetivo de descubrir posibles redes de operaciones vinculadas a recursos ilegales.
En su comunicado, la UIF, que forma parte de la Secretaría de Hacienda, enfatizó que está intensificando sus esfuerzos contra estas personas, quienes han sido señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense debido a su implicación en el tráfico de fentanilo y su conexión con el célebre Cártel, también conocido como el del Pacífico.
La cooperación entre las autoridades de México y Estados Unidos se fortalece con estas acciones, buscando prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada. La dependencia del Gobierno federal afirmó mantener una coordinación constante con organismos internacionales para salvaguardar la integridad del sistema financiero y minimizar los riesgos asociados a actividades ilícitas.
Washington ha acusado explícitamente a estas personas de participar en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo usando criptomonedas. Uno de los líderes en esta red es Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien ha sido señalado como responsable de recoger grandes sumas de dinero originadas por la venta de fentanilo en Estados Unidos, que luego transformaba en activos digitales para su posterior traslado a México.
Entre los implicados se encuentran Jesús Alonso Aispuro Félix, considerado un operador financiero relevante en transacciones de criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos, y el empresario Alfredo Orozco Romero, así como varias empresas y familiares que supuestamente operaban como testaferros.
El Cártel de Sinaloa ha sido etiquetado como una de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas, incluso calificada como terrorista por el gobierno de Donald Trump. En un giro reciente, el Departamento de Justicia estadounidense ha solicitado la detención de diez funcionarios mexicanos, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolos de narcotráfico tras supuestas colaboraciones con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos.
