México.- El Gobierno del Estado de Chihuahua ha manifestado su desacuerdo ante el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) para que la gobernadora Maru Campos comparezca en relación con el caso de agentes estadounidenses que operaron en la región. Este hecho, según el gobierno estatal, representa una violación de la Constitución y de la soberanía estatal.
En un comunicado emitido este sábado 23 de mayo de 2026, las autoridades locales recalcaron que la legislación vigente protege a los gobernadores de ser sometidos a procedimientos penales. «La Constitución y las leyes establecen que los gobernadores no pueden ser llamados a ningún procedimiento de esta naturaleza», dice el documento.
Junto a su equipo legal y de asesores, Maru Campos recibió la notificación y se encuentra en proceso de revisión de la justificación del citatorio. La gobernadora afirmó que su equipo está analizando la situación para tomar las acciones legales pertinentes. «Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación», expresó, al tiempo que reafirmó su compromiso con la estrategia de seguridad de su administración frente al crimen organizado.
El Gobierno de Chihuahua también cuestionó la postura del gobierno federal, argumentando que existe un trato desigual hacia la gobernadora en comparación con otros funcionarios de la Cuarta Transformación que han enfrentado acusaciones similares. Aseguran que esto obedece a una estrategia de persecución política orquestada desde Palacio Nacional.
Este caso ha abierto un debate sobre la independencia de las autoridades y la manera en que las acciones judiciales pueden influir en el ámbito político, lo que podría tener repercusiones significativas en las próximas elecciones y en la percepción pública del gobierno federal.
