México.- Los mandatarios de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villareal, han rechazado categóricamente los rumores que indican que Estados Unidos les ha retirado la visa debido a una supuesta investigación por vínculos con el crimen organizado, como se informó en un medio estadounidense.

El gobernador Durazo expresó su confianza en la claridad de su situación legal, afirmando: «Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad». Durante una rueda de prensa, enfatizó que no hay fundamentos en las afirmaciones publicadas y que, de existir alguna irregularidad, los medios de comunicación hubieran sido los primeros en informar al respecto.

Durazo, quien pertenece al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que no tiene la obligación de demostrar que su visa está vigente y reiteró su compromiso con la verdad, resaltando que ha actuado con integridad: «casi sudo agua bendita». Además, instó a las autoridades estadounidenses a aclarar cualquier información relacionada con las acusaciones.

Por su parte, Villareal, también del partido Morena, utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con lo publicado, cuestionando la veracidad de los informes y afirmando que las acusaciones son carentes de pruebas. En un video, argumentó que es «inadmisible» que se difundan tales acusaciones sin evidencia concreta que las respalde. También subrayó que no existe ningún procedimiento judicial que valide las afirmaciones en su contra.

Villareal concluyó su mensaje afirmando que en una sociedad democrática, las acusaciones deben sustentarse en hechos y no en rumores o insinuaciones.

Este rechazo por parte de ambos gobernadores surge tras la publicación de una noticia que los vincula con una investigación estadounidense por el crimen organizado y el huachicol. La noticia sugiere que las visas de ambos les habrían sido retiradas; sin embargo, ellos continúan accediendo a Estados Unidos en el marco de proyectos de cooperación transfronterizos.

Si se confirma esta indagatoria, representaría un avance en la reciente estrategia de Estados Unidos para abordar las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada, en un momento en que la administración estadounidense ha solicitado la detención de funcionarios mexicanos relacionados con el narcotráfico.

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