México.- En un llamado urgente, el Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 instó a la Secretaría de Gobernación a que convoque a todas las instituciones implicadas en la investigación para revisar los avances, reactivar líneas de investigación pendientes y garantizar la protección de su derecho a la protesta.
En un comunicado dirigido a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, fechado este viernes en Ayotzinapa, las familias solicitaron la celebración de una reunión integral con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, y la unidad especial del caso. Estas reuniones no sustituirían los encuentros periódicos con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Desde el 2024, los padres han denunciado que se han abandonado vitales líneas de investigación a raíz de la desacreditada “verdad histórica”, que la Comisión de la Verdad considera fue un intento del gobierno anterior para ocultar la verdad sobre el paradero de los estudiantes.
El comité destacó que estas indagatorias apuntaban a la posible implicación de cuerpos de seguridad, grupos de Guerreros Unidos y autoridades locales en Iguala, en el suceso que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014.
Las familias insistieron en concentrar esfuerzos en dos lugares clave: la comandancia de la policía municipal de Iguala, donde se cree que al menos 17 jóvenes fueron trasladados, y las áreas de Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, donde podrían haber estado al menos 11 estudiantes.
Además, hicieron un llamado a conformar un grupo de trabajo en el que participen cinco padres, acompañados de cuatro asesores legales, así como representantes de la CoVAJ y la unidad especial, para revisar 33 folios militares en busca de evidencias que puedan ser llevadas al Ministerio Público para su integración en el proceso judicial.
El comité también solicitó a la Cancillería incluir en la agenda de diálogo con Estados Unidos la extradición de exfuncionarios como Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, quienes son vistos como figuras claves por su supuesto involucramiento en torturas y alteraciones de las escenas del crimen.
De igual forma, pidieron asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, destacando su papel crítico en la revisión de la versión oficial y en la apertura de nuevas líneas de investigación.
Finalmente, instaron a las autoridades a evitar la criminalización de sus acciones y de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en medio de las recientes protestas. “Lo que nos impulsa es el amor por nuestros hijos”, afirmaron, rechazando cualquier vínculo con grupos extremos y exigiendo el cese de posibles investigaciones penales contra ellos o los estudiantes.
