México.- La independencia del Poder Judicial mexicano ha sufrido un deterioro significativo desde 2018, afectada por críticas constantes y presiones económicas. Un reciente informe de la organización México Evalúa detalla este preocupante fenómeno y sus implicaciones hasta 2025.
El documento titulado ‘Poder Judicial en México, 2018-2025: lecciones y salvaguardas para proteger su independencia’ subraya que este continuo proceso de erosión pone en riesgo la función del sistema judicial para garantizar derechos y preservar el Estado de derecho. Según Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, “la independencia no es un privilegio, es un bien público”.
Vargas también se refirió a la discusión sobre la posible postergación de la elección de jueces para 2028, sugiriendo que esto podría ayudar a mejorar la calidad de los perfiles judiciales.
Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es la existencia de una estrategia de deslegitimación del Poder Judicial a través del discurso público. Se documentaron casi 3,000 ataques durante las conferencias diarias del presidente entre 2018 y 2025, con un aumento drástico en los años recientes; de ocho ataques en 2018 se pasó a 867 en 2024. Vargas enfatizó que este fenómeno se dio en un contexto propicio donde el discurso del Poder Ejecutivo polarizó a la sociedad.
Además, el Poder Judicial ha enfrentado serios recortes presupuestales que han limitado su operatividad, afectando recursos vitales para infraestructura y personal. Aunque se observó un aumento en la productividad, con el número de casos resueltos casi duplicándose entre 2020 y 2023, Vargas aclaró que este incremento se debió a una carga de trabajo intensificada en lugar de un fortalecimiento institucional.
Durante un panel, el exmagistrado Javier Laynez advirtió sobre los peligros que ya surgen de la reforma judicial, indicando que se están materializando riesgos como la subordinación política de los jueces. Por su parte, Janine Otálora, exmagistrada electoral, descalificó la idea de que la legitimidad del sistema judicial se puede reforzar con el voto popular, argumentando que ésta proviene de la capacitación y la independencia en la impartición de justicia.
El estudio concluye con la propuesta de implementar medidas que salvaguarden la independencia judicial, incluyendo la reducción de discursos oficiales que desacrediten a otros poderes, asegurando un financiamiento adecuado y protegiendo la carrera judicial de la influencia política.
