México.- La atención se centra en dos exfuncionarios de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, quienes enfrentan acusaciones de Estados Unidos relacionadas con el cártel de Sinaloa. Ambos se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, marcando un punto crítico en la investigación que podría intensificar la presión sobre México en su lucha contra el narcotráfico.
Acusaciones graves y entregas voluntarias
Los exsecretarios, Mérida, quien fue responsable de la seguridad pública, y Díaz, encargado de las finanzas del estado, son parte de un grupo más amplio de diez funcionarios, entre los que se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Se les acusa de colaborar con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, a cambio de sobornos sustanciales.
Gerardo Mérida: Carrera y controversia
Mérida, general retirado, ocupó el cargo de Secretario de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024, periodo marcado por un aumento en la violencia entre bandas del cártel. Se le atribuye haber recibido sobornos de Los Chapitos, facilitando información sobre operativos antidrogas y alertando sobre investigaciones en curso.
Enrique Díaz: El lado financiero del escándalo
Díaz, quien posee una sólida trayectoria en contabilidad y el sector empresarial, es considerado cercano a Rocha Moya. Dirigió la Secretaría de Administración y Finanzas desde el inicio de la administración estatal y se le relaciona con prácticas financieras que podrían haber favorecido al cártel.
Detalles de las entregas y repercusiones políticas
Aunque las autoridades de México y Estados Unidos aún no han confirmado oficialmente las entregas de Mérida y Díaz, reportes indican que ambos podrían haber buscado colaborar con la justicia estadounidense. Este movimiento se produce en un contexto de creciente presión sobre el gobierno mexicano para redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado.
Desde que se hicieron públicas las acusaciones a finales de abril, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha manifestado que no existe evidencia suficiente en contra de los involucrados. Sin embargo, las entregas recientes han desatado una serie de interrogantes acerca de la posible colaboración de estos exfuncionarios y su impacto en las investigaciones en curso.
