Internacional.- En un claro llamado a la acción, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, subrayó la necesidad de que México intensifique sus esfuerzos en la lucha contra las drogas. Durante una audiencia con el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Hegseth destacó que México debe dar «un paso hacia el frente» para enfrentar de manera más contundente a las organizaciones del narcotráfico, a fin de evitar una intervención directa por parte de Washington.
La declaración de Hegseth se produce en un contexto de creciente preocupación en Estados Unidos por la sofisticación de los cárteles, que han incorporado el uso de drones y han llevado a cabo incursiones en territorio estadounidense en meses recientes. Ante esto, los congresistas expresaron inquietudes sobre la efectividad del combate a estas organizaciones.
Esta urgencia por parte de la administración de Donald Trump no es nueva. La semana pasada, el presidente ya había manifestado que, si México no realiza su trabajo en la lucha contra el crimen organizado, la intervención estadounidense sería inevitable. Hegseth, sin embargo, también reconoció la alianza entre ambos países como una «colaboración sin precedentes» y alentó a las fuerzas mexicanas de Defensa y Marina a formalizar sus esfuerzos como socios estratégicos.
Desde que Trump asumió nuevamente la presidencia, la lucha contra el narcotráfico, especialmente el relacionado con el fentanilo, ha sido una de sus prioridades. Los principales cárteles mexicanos han sido catalogados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, lo que ha aumentado la presión sobre el gobierno mexicano.
A pesar de elogiar la relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Trump ha reiterado la necesidad de una intervención si la situación no mejora, algo que Sheinbaum ha rechazado firmemente, defendiendo la soberanía de su país.
Esta presión se ha intensificado tras la declaración de un tribunal federal estadounidense que acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de narcotráfico. Junto a otros nueve funcionarios, Rocha Moya enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas, aunque México sostiene que Estados Unidos no ha ofrecido pruebas contundentes sobre su culpabilidad para proceder con la extradición solicitada.
