Culiacán Sin.- La diputada María Teresa Guerra Ochoa dejó en claro que el Poder Legislativo no posee la autoridad para interpretar la ley de la manera en que lo proponen los abogados de Gerardo Vargas Landeros, quien busca regresar a su puesto tras la declaratoria de procedencia que lo desaforó como alcalde de Ahome.
La legisladora explicó que los representantes legales de Vargas han presentado un documento donde refuerzan su postura, argumentando la existencia de “elementos supervinientes”. Sin embargo, Guerra Ochoa fue categórica al afirmar que el Congreso del Estado no está capacitado para alterar el proceso a partir de interpretaciones legales.
Responsabilidad del Poder Judicial
Guerra resaltó que cualquier nuevo criterio o jurisprudencia que la defensa pretenda invocar debe ser sometido ante las instancias judiciales pertinentes. “La interpretación de la normativa es competencia de los órganos judiciales. Si consideran que existen nuevos criterios, deben hacerlo ante las autoridades judiciales correspondientes”, indicó.
Actuación institucional
La diputada recordó que la labor del Congreso en el asunto de Ahome ha sido estrictamente institucional, en cumplimiento de una solicitud directamente emitida por la Fiscalía General del Estado. Explicó que, conforme al mandato constitucional, el Congreso está obligado a declarar la vacante del cargo ante una declaratoria de procedencia, la cual permanece vigente hasta que se dicte una sentencia absolutoria en favor del imputado.
Finalmente, Guerra Ochoa reconoció el derecho de Vargas Landeros a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a otros tribunales de amparo, pero insistió en que el Legislativo no puede asumir funciones que son exclusivas del Poder Judicial.
