Internacional.- Un grupo de 24 fiscales generales de diversos estados y el Distrito de Columbia han interpuesto una demanda contra la administración del presidente Donald Trump. La razón: una nueva norma que podría despojar de cobertura a numerosos beneficiarios del programa Medicaid, el cual está diseñado para apoyar a personas con recursos limitados.
Los demandantes han solicitado al tribunal que suspenda la aplicación de esta norma mientras se resuelve el litigio y, en última instancia, que sea anulada. La regulación, emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, junto a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, introduce barreras adicionales que obligarían a muchos beneficiarios con discapacidades severas o enfermedades graves a demostrar que están suficientemente enfermos para mantener su cobertura médica.
Una medida cuestionada por ser arbitraria
Según los fiscales generales, la nueva directiva contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo, señalando que es “arbitraria y caprichosa”. Esto se debe a que fue implementada sin una debida consideración del impacto que tendría en los beneficiarios y los propios estados, tal como lo indicó la fiscala general de Nueva York, Letitia James.
James hizo hincapié en que la “Gran Ley Integral”, aprobada en julio de 2025, había establecido requisitos específicos de trabajo para algunos adultos bajo Medicaid, asegurando la protección de personas con problemas de salud serios. Sin embargo, la administración Trump habría ido un paso más allá, exigiendo comprobantes de que las condiciones de salud impiden el cumplimiento de los nuevos requisitos laborales.
Impacto en los beneficiarios de Medicaid
La fiscala general subrayó que esta nueva medida pone en riesgo la atención médica de muchos receptores vulnerables de Medicaid, lo que podría llevar a una severa pérdida de cobertura, afectando a aquellos con condiciones de salud críticas.
Adicionalmente, esta postura ha tomado por sorpresa a los estados, que habían estado en comunicación constante con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para desarrollar estrategias al respecto. La coalición argumenta que las directrices actuales complican la identificación automática de los beneficiarios que deberían recibir protección bajo la ley.
En Nueva York, se estima que, como resultado de estos nuevos requisitos laborales, alrededor de 475 mil beneficiarios podrían perder su cobertura de Medicaid, esto debido a la combinación de los requisitos laborales y los controles de elegibilidad necesarios.
