Internacional.- Las recientes palabras de la presidenta Laura Fernández, emitidas el 13 de junio de 2026, han suscitado un fuerte debate en Costa Rica y más allá. Al abordar la relación con Nicaragua, Fernández afirmó que los nicaragüenses tienen el gobierno ‘que han elegido tener’, una afirmación que está lejos de reflejar la complejidad de la situación política en el país vecino.
Durante la entrevista, la mandataria omitió deliberadamente abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como los informes sobre fraude electoral y la represión sistemática de la disidencia. Esta falta de referencia a hechos documentados ha generado un amplio rechazo.
En su discurso, la presidenta también mencionó que Nicaragua ‘mantiene estabilidad económica’, una afirmación que muchos consideran desafortunada, y al compararla con la situación de naciones como Cuba y Venezuela, Fernández corre el riesgo de normalizar al régimen autoritario que rige en Managua.
Los organismos internacionales han señalado que la dictadura en Nicaragua reprime cualquier forma de oposición. Desde 2018, la crisis en el país ha dejado más de 300 muertos y un aumento alarmante en las violaciones a los derechos humanos, que han incrementado en 230% de diciembre de 2025 a enero de 2026, según datos de Amnistía Internacional.
Fernández, en su defensa, mencionó que las cuestiones nicaragüenses deberían considerarse como ‘temas internos’, una perspectiva que ha sido fuertemente cuestionada. Críticos argumentan que, al evadir la condena a tales atrocidades, se está socavando la tradición histórica de Costa Rica como defensora de los derechos humanos, legado que data desde el Nobel de Paz otorgado a Óscar Arias en 1987.
La reacción no se ha hecho esperar, y ex presidentes como Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís han manifestado su desaprobación, expresando que la mandataria ha desestimado la dura realidad que enfrentan los nicaragüenses y poniendo en riesgo una política exterior que prioriza los derechos humanos por encima de intereses económicos.
Las palabras de Fernández también han sembrado confusión entre las miles de familias nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica y que, tras huir de un régimen represivo, encontraron una postura de desprecio hacia su sufrimiento. Los comentarios de la presidenta reflejan un significativo desliz en la diplomacia nacional, generando dudas sobre el compromiso de Costa Rica con los valores universales que históricamente defendió.
En conclusión, el desdén hacia una realidad tan crítica no solo plantea interrogantes sobre la política exterior actual, sino que también deja a Costa Rica ante el dilema de elegir entre seguir siendo un faro de esperanza o sucumbir a la complicidad silenciosa con regímenes tiránicos.
