México.- Organizaciones civiles y miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) han denunciado la existencia de una estrategia de criminalización que afecta a comunidades indígenas en Chiapas, particularmente en municipios como Chilón, Ocosingo, Salto de Agua y Teopisca. Esta situación se torna crítica a medida que se busca imponer proyectos de infraestructura sin el consentimiento de las familias afectadas.
Desplazamientos forzados y violaciones a derechos
Durante una conferencia de prensa, el CNI alertó sobre al menos cuatro conflictos que amenazan a diferentes comunidades tzeltales. En particular, la comunidad de Jotolá, en Chilón, experimentó un operativo represivo el 12 de febrero de 2026, resultando en el desplazamiento de nueve familias, la destrucción de sus hogares, y la detención de dos de sus miembros por motivos cuestionables.
Las familias, compuestas por 38 adultos y 25 niños, se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad, privada de empleo y vivienda, mientras que continúan enfrentando procesos judiciales que el CNI considera una persecución por defender sus territorios.
Testimonios de afectación
María de Jesús Sánchez, madre de cinco hijos, quien también ha sufrido este despojo, pidió la liberación de su esposo, quien enfrenta cargos que ella considera injustos. Relató los impactos emocionales que este proceso ha tenido en sus hijos, afirmando que viven en un constante estado de angustia e incertidumbre.
La lucha de locatarios tzeltales
Adicionalmente, se reportaron amenazas y ataques a 39 locatarios tzeltales del Mercado Tradicional en Ocosingo, quienes se han visto obligados a enfrentar bloqueos y la destrucción de sus locales como parte de una campaña de hostigamiento. Familias de la comunidad Agua Clara también compartieron sus preocupaciones relacionadas con las amenazas de desalojo que se han intensificado a lo largo de los años, especialmente con las obras de la autopista San Cristóbal-Palenque.
Resistencia ante proyectos lesivos
En Teopisca, la comunidad de San Francisco se opone firmemente al proyecto carretero San Cristóbal-Teopisca, argumentando que afectará sus tierras agrícolas, manantiales y sagradas. Estos habitantes aseveran que nunca se llevó a cabo una consulta adecuada conforme a los estándares de derechos humanos internacionales.
Llamado a la defensa de derechos indígenas
Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, subrayó la existencia de un patrón preocupante de agresiones contra los pueblos originarios que defienden su derecho a la autonomía y a la libre determinación, advirtiendo sobre las implicaciones que esto tiene para su organización y su modo de vida.
