Por: Luis Felipe Bernal Hernández
“Todo poder engendra contrapoder; allí donde se ejerce dominación, surge la posibilidad de resistencia.”
(Heinrich Popitz, 1992)
Cuando la ley calla, el poder habla. En Sinaloa como en México, las campañas adelantadas se disfrazan de “información pública”; en las finanzas, las empresas piramidales se multiplican sin freno; y en Estados Unidos, las extradiciones se convierten en armas diplomáticas. Cuatro escenarios distintos que comparten un mismo hilo conductor: los vacíos legales que permiten abusos y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones.
En ese orden, de las campañas adelantadas en Sinaloa a los fraudes financieros, de las presiones de Washington sobre México, los vacíos legales y los vicios de poder revelan una misma fragilidad: la incapacidad de las instituciones para proteger la democracia, la justicia y la dignidad ciudadana.
Campañas adelantadas: la frontera difusa de la ley electoral
Hace más de seis meses que hemos visto las bardas y en cualquier espacio privado y alguno que otro público de las ciudades del Estado, con hashtag como pintas alusivas a diferentes personajes de la política local, sin embargo, de forma reciente se ha intensificado la presencia esas pintas, en ese sentido, la legislación electoral mexicana y sinaloense reconoce los actos anticipados de campaña como llamados explícitos al voto fuera de los tiempos oficiales. Sin embargo, deja zonas grises respecto a la promoción de imagen en redes sociales o visitas públicas sin pedir directamente el voto. En Sinaloa, los “adelantados” han invertido recursos en publicidad digital para posicionarse, lo que no constituye infracción mientras no haya solicitud expresa de apoyo electoral. A nivel nacional, los procesos internos partidistas antes de las precampañas tampoco están regulados, lo que permite a partidos y aspirantes adelantarse sin sanción efectiva. En consecuencia, la falta de regulación clara debilita la equidad electoral y favorece a quienes cuentan con más recursos, y fustigan la democracia, cansando a los ciudadanos con tanto marketing político anticipado.
Fraudes piramidales: la trampa financiera de los vacíos legales
Metis es una diosa de la mitología griega, hija de Océano y Tetis, y la primera esposa de Zeus. Ella representa la sabiduría, el buen consejo, la astucia. Los vacíos legales son comunes en nuestras leyes, y quizá, la metis -astucia- de los abogados es encontrarlos. Desde este punto, el marco regulatorio financiero mexicano, exige autorización para esquemas de autofinanciamiento, pero las empresas piramidales operan sin respaldo legal, prometiendo rendimientos irreales. Recientemente llegaron desde Dubái a la ciudad de Los Mochis, una empresa que ofrece inversiones con criptomonedas a través de la plataforma ReignTrade. Este negocio se suma al cumulo de “empresas” que carecen de regulación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mucho menos por la Comisión Nacional para la protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF), o alguna otra institución pública, sin embargo, la crisis económica del país, las necesidades diarias de los ciudadanos los lleva a buscar este tipo de negocios; pero sobre todo, la narrativa emocional que venden estas empresas piramidales, es lo que genera la confianza de sus presas. Desgraciadamente, la tipificación penal no contempla todas las modalidades de fraude digital, como criptomonedas falsas o plataformas de trading fraudulentas. Sobre todo, porque, al no estar registradas en la CNBV o en la SHCP, estas no tienen autoridad para frenarlas; las actividades se vuelven de tipo comercial, en la que los usuarios compran un servicio de asesoría financiera, no se puede actuar hasta que el fraude se genera. Esto genera impunidad y dificulta la persecución penal. Miles de ciudadanos son víctimas de empresas que operan con apariencia legítima, aprovechando vacíos legales y la falta de supervisión efectiva, sobre todo, porque quien le invitó a participar de las supuestas bondades de estos negocios fue un amigo o familiar.
Estados Unidos: extradiciones como instrumento de presión
La injerencia de Estados Unidos sobre otros países no es nada nuevo, al respecto, en este período gubernamental del presidente Doland Trump, y su relación con América Latina es siempre bajo el desdén y menosprecio; sobre todo con países como Venezuela al que ya invadió, Colombia y México, y en esta semana reciente, ha volteado a ver a Brasil. Su parecido con una persona buleadora es muy similar.
Desde esa postura, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha imputado a funcionarios mexicanos y solicitado extradiciones bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. El gobernador de Sinaloa, en de Tamaulipas, y recientemente la gobernadora de Baja California, además de presidentes municipales y servidores públicos de las distintas entidades mexicanas han sido señalados y acosados con posibles solicitudes de extradición. México ha cuestionado la falta de pruebas y señalado que la difusión pública de cargos vulnera el debido proceso. Más allá de la lucha contra el crimen organizado, estas acciones pueden leerse como mecanismos de presión política de Washington hacia autoridades mexicanas, generando tensiones diplomáticas y percepciones de intromisión en la soberanía.
Conclusión: cuando la ley calla, el poder se impone
Los casos expuestos muestran un patrón común, los vacíos legales permiten que actores políticos, económicos o internacionales aprovechen las ambigüedades normativas para fortalecer su poder o evadir responsabilidades. En México y Sinaloa, la falta de regulación sobre campañas adelantadas erosiona la equidad democrática. En el ámbito financiero, la insuficiencia normativa abre la puerta a fraudes masivos. En la relación México-EE. UU., las extradiciones latentes se convierten en instrumentos de presión política. La lección es clara: sin reformas legales robustas y mecanismos de aplicación efectivos, la democracia y la justicia permanecen vulnerables ante nuevas formas de poder y manipulación.
Luis Felipe Bernal Hernández
Profesor-Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis.
E-Mail: bernalui@gmail.com
