Internacional.- Un venezolano ha emprendido acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos por un valor de 1.3 millones de dólares, tras haber sido deportado a una prisión de alta seguridad en El Salvador el año pasado. Esta demanda marca un hito, ya que se trata del primer caso de un venezolano que busca compensación por ser deportado a un tercer país.

Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, presentó la demanda el martes, argumentando que durante su detención, la administración del entonces presidente Donald Trump le negó su derecho al debido proceso, lo calificaron erróneamente como miembro de una pandilla y lo enviaron injustamente a una cárcel en el extranjero.

«No busco regresar a Estados Unidos, sino limpiar mi nombre y explicar lo que sucedió», declaró León Rengel, añadiendo la dificultad que representa ser estigmatizado.

El joven venezolano fue uno de los cientos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde permaneció incomunicado y fue señalado como un criminal de alta peligrosidad. Según León Rengel, lo que vivieron los venezolanos en el Cecot podría sucederle a cualquier migrante en EE. UU., resaltando la fragilidad de sus derechos.

Su deportación ocurrió en julio de 2025, durante un intercambio de prisioneros entre la Administración Trump y el gobierno de Nicolás Maduro, después de que León Rengel ingresara a EE. UU. en junio de 2023 a través de la aplicación CBP One, lanzada por el presidente Joe Biden para abordar el aumento de solicitantes de asilo.

Documentos judiciales revelan que al momento de su arresto en marzo de 2025 en Irving, Texas, León Rengel tenía una audiencia de inmigración programada para 2028 y contaba con una solicitud activa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

La demanda alega que los oficiales ignoraron su estatus legal y basaron su detención en tatuajes que supuestamente lo relacionaban con el Tren de Aragua, considerado por el gobierno Trump como una organización terrorista. Además, señala que fue engañado al ser enviado al Cecot, donde enfrentó abusos físicos y psicológicos.

En junio de 2025, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y el Fondo de Defensores de la Democracia presentaron una queja legal en defensa de León Rengel, argumentando que su deportación se realizó sin justificación y sin el debido proceso.

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