Internacional.- El Tribunal Supremo de EE.UU. se encuentra en el centro de un importante debate sobre el asilo en la frontera con México, tras escuchar los argumentos de quienes respaldan y critican la postura del Gobierno de Donald Trump. La mayoría de los magistrados mostró disposición a considerar que el Ejecutivo puede rechazar las solicitudes de asilo presentadas en los puntos de cruce.
El tema central en discusión es el alcance de la definición de “llegar” a Estados Unidos. Los jueces dedicaron más de una hora a analizar si los migrantes deben cruzar completamente la frontera para tener el derecho a solicitar asilo o si solo su presencia en la frontera es suficiente para que se evalúe su caso.
Históricamente, la normativa ha entendido que los solicitantes que temen por su vida debido a persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideología política tienen derecho a pedir asilo al llegar a los cruces fronterizos. Sin embargo, el tribunal parece inclinarse hacia la interpretación de que cruzar la frontera es un requisito indispensable, como argumenta la administración actual.
Durante la audición, el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett, líderes en la interpretación conservadora, sugirieron que solo aquellos que cruzan la frontera pueden considerarse como “llegados” a Estados Unidos, lo que implicaría restricciones significativas para quienes buscan asilo.
Esta audiencia es solo un paso inicial, y se espera que la decisión final sobre el asilo en la frontera se tome a finales de junio o principios de julio.
Anteriores administraciones también han impactado esta dinámica: Barack Obama implementó restricciones para ciertos solicitantes de asilo, medida que fue endurecida por Trump y posteriormente revertida por Biden en 2021. A lo largo de este período, los tribunales han jugado un papel crucial al proteger los derechos de los migrantes en numerosas ocasiones.
Kelsi Corkran, abogada que representa a los migrantes, argumentó que la política de Trump es ilegal y contradice la tradición estadounidense de ofrecer refugio a quienes huyen de la persecución. Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la política como una herramienta necesaria para gestionar aumentos repentinos de migrantes en la frontera.
Un hecho relevante mencionado durante la audiencia fue la decisión del Tribunal Supremo en los años 90, que permitió al Gobierno detener a haitianos que intentaban llegar a EE.UU. sin verificar si calificaban como refugiados, lo que agrega un contexto histórico a la situación actual.
