Internacional.- Un tribunal federal en Estados Unidos ha bloqueado la controversial tarifa de 100 mil dólares impuesta a las visas H-1B, una decisión que podría tener un impacto significativo en el mercado laboral para trabajadores extranjeros altamente cualificados. El juez Leo Sorokin dictó este fallo el 8 de junio, respaldando a un grupo de 20 estados que cuestionaron la legalidad de esta política establecida durante la administración de Donald Trump.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, había argumentado que tal medida fomentaría que las grandes empresas tecnológicas priorizaran la capacitación de empleados estadounidenses sobre el ingreso de profesionales extranjeros. Sin embargo, el juez Sorokin consideró que dicha imposición excedía las facultades de la administración y fue impuesta sin la debida autorización del Congreso.
En su fallo de 42 páginas, el magistrado destacó que la administración Trump había querido establecer una barrera económica al acceso a estas visas, que son esenciales para la industria tecnológica y otros sectores clave. California, líder en innovación tecnológica, fue el principal estado demandante en esta acción legal.
Contexto de las visas H-1B
Las visas H-1B fueron creadas por el Congreso de EE. UU. en noviembre de 1990, gracias a la Ley de Inmigración promulgada por el entonces presidente George H. W. Bush. El programa ha permitido la emisión de un número limitado de 65 mil visas anuales, además de 20 mil reservas para quienes poseen un título de maestría estadounidense o superior.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) había advertido sobre las consecuencias que tendría esta nueva tarifa. Siguiendo su perspectiva, no solo se verían afectados los trabajadores tecnológicos, sino también sectores como el agrícola, energético y médico. La directora de Relaciones Gubernamentales de AILA criticó la medida, argumentando que su diseño parecía crear caos en vez de resolver problemas.
A medida que los debates sobre la política de inmigración continúan, el fallo del juez Sorokin marca un paso importante en la defensa de la inclusión laboral y profesional de trabajadores extranjeros en EE. UU.
