«Extorsión y no soborno, caso García Luna»

El Gobierno de Estados Unidos acusa a Genaro García Luna de aceptar dinero de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante su trabajo como secretario de Seguridad Pública en el mandato de Felipe Calderón. Sin embargo, Oswaldo Zavala, profesor de cultura latinoamericana en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y autor del libro “Los cárteles no existen”, sostiene que ese discurso favorece a los intereses del vecino del Norte al hacer creer que el narcotráfico es un poder que está por encima del Estado mexicano.

— En un momento donde sigue latente la amenaza de declarar a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas, ¿cómo debemos entender la detención de Genaro García Luna?

— El caso de García Luna tiene un uso político claramente. Uno tendría que preguntarse cómo es que el caso de un funcionario de alto nivel, que además trabajó en dos sexenios, recién sale a la luz y cómo es que no hay una enorme expansión que implique a funcionarios de gobiernos pasados. García Luna es el articulador de la “guerra contra el narco”, pero su detención debería pensarse también como un problema para las autoridades estadounidenses: si el señor manejaba enormes cantidades en soborno o extorsión; cómo podemos saber que ese dinero no tocó a agentes de la DEA o de policías de Estados Unidos.

— ¿Es el único involucrado en los supuestos sobornos?

— Tenemos que estar atentos a la manera en que alguien como García Luna puede ser sacrificable en un enroque de poderes, pero no se toca a la narrativa que justificó la “guerra contra el narco”. Si el más alto funcionario que hizo esta guerra ya está siendo cuestionado. Por qué no podemos hacer una revisión completa de cómo se constituyó esta relación entre Estado y traficantes. Creer que fue sobornado y no llamarlo extorsión me parece parte de la farsa que va ocasionar esta detención. Por qué tenemos que creer que un narcotraficante lo sobornó y no más bien pensar que, con la anuencia del presidente Calderón o con la cooperación de otros funcionarios estadounidenses, García Luna se dedicó a extorsionar a traficantes. Una investigación seria no diría que aceptó soborno sino que hay enriquecimiento ilícito.

— Entonces, ¿la investigación no busca hacer justicia?

— Se pone en evidencia la facilidad con la que el Gobierno de Estados Unidos utiliza su aparato judicial con fines políticos. Si esto fuera una investigación libre, ni remotamente sería García Luna el único implicado. Durante el juicio de “El Chapo” se habló de sobornos a ex presidentes, si eso es cierto deberíamos estar viendo acusaciones formales contra ellos. Lo que tenemos que comprender es que el espacio judicial estadounidense está altamente politizado. Los jueces son agentes políticos.

— ¿Es un triunfo para el discurso de no militarizar la estrategia de seguridad por parte de López Obrador?

— El caso de García Luna debe entenderse en el contexto de los otros dos eventos en materia de seguridad: el operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán y el asesinato de la familia LeBarón. Lo que me parece es que estos tres eventos están siendo interpretados como el afianzamiento del supuesto cártel de Sinaloa. Puesto así estamos en el escenario en el que estaba Calderón en 2006: hay una organización muy poderosa liderada supuestamente por el “Mayo” Zambada, y tenemos una emergencia de seguridad nacional.

— Pese al discurso, las cifras de asesinatos no bajan en el país, ¿se sigue la estrategia correcta?

— Con lo que está bregando el Presidente López Obrador no sólo con la hostilidad de Trump sino con una percepción que está internalizada por los mexicanos. La idea de inseguridad sigue siendo la principal racionalidad que los lleva a pensar que la militarización es algo deseable. La pacificación del país va a ser un proceso largo. López Obrador necesita mantener ese camino de desmilitarización, de rechazo a la agenda de seguridad de Estados Unidos, de despenalizar y de procurar la regulación del tráfico de drogas. Quizá se llegue a un cambio de paradigma que necesita el apoyo de otros presidentes en el hemisferio.

— ¿La batalla contra el narcotráfico por parte de Trump es su nuevo discurso de campaña previo a las elecciones presidenciales?

— Estados Unidos siempre ejercita la agenda de seguridad con fines políticos y, normalmente en años electorales, esto pude tener importancia. Sin duda puede ser utilizable por la presidencia de Donald Trump cuando esté siendo asediado por el juicio político. Pero aquí hay una agenda que desborda a Trump. Los intereses de la agenda de seguridad nacional son mayores a la coyuntura de la relección, porque coinciden con los intereses de las élites demócratas. Pensar a los cárteles como organizaciones terroristas es algo que promovió la entonces secretaria Hillary Clinton, que también interesó a las presidencias de Obama y Bush por igual. No es reducible a Trump.

— ¿Es posible que el narco estuviera infiltrado en los gobiernos pasados? ¿Puede dictar la agenda de seguridad?

— En el discurso oficial se asume que el poder del narco es mayor al del Estado. Estas acusaciones, igual que el juicio de “El Chapo”, ya van en esa narrativa estadounidense de la seguridad nacional, donde el narcotraficante aparece como un agente delictivo de enorme poder y de enorme organización, de modo que puede controlar o someter a funcionarios de alto nivel en México. Yo pondría eso en cuestionamiento no porque no acepte que haya dinero sucio en manos de funcionarios sino más bien en el cómo interpretar la dirección política que toma ese dinero una vez que es recibido por un tipo como García Luna.

— ¿Quiere decir que el narco no es una empresa trasnacional como se supone, que no tiene el poder corruptor que menciona Estados Unidos?

— El discurso oficial nunca ha podido comprobar la existencia de un cártel del tamaño del que se habla. Este discurso es viable porque lo repite gente con influencia y visibilidad. Ahora mismo hay expertos en seguridad diciendo que el cártel de Sinaloa es la tercera organización más importante del planeta. Según el esecialista Eduardo Buscaglia tiene presencia en 81 países, por ejemplo. Y si hay gente que repite afirmaciones tajantes como esa y se acompaña de la espectacularidad de eventos como Culiacán o LeBarón o García Luna, el público se convence. Lo que tenemos que comprender es que el discurso de seguridad nacional no requiere de actualidad o de ser comprobado; necesita ser aceptado colectivamente.