Internacional.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que los estados no tienen la autoridad para prohibir las llamadas ‘terapias de conversión’ dirigidas a menores en un fallo que ha generado reacciones encontradas. Este tipo de terapias, que buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de los jóvenes, han sido consideradas como formas de tortura por organismos internacionales como la ONU.
La decisión del Tribunal se fundamenta en la protección que brinda la Primera Enmienda de la Constitución, la cual asegura la libertad de religión, expresión y reunión. El juez Neil Gorsuch, quien redactó la opinión mayoritaria, subrayó que esta enmienda actúa como un resguardo contra la imposición de ideologías y creencias en la sociedad estadounidense.
El fallo fue decidido con ocho votos a favor, mientras que solo la jueza Ketanji Brown Jackson se manifestó en contra. Esta resolución se produjo en respuesta a la ley de Colorado, que prohíbe estas terapias y que es una de las aproximadamente 20 legislaciones estatales que han instaurado prohibiciones similares.
Aunque la decisión no invalida directamente la ley de Colorado, la interpretación del Tribunal sugiere que los tribunales inferiores podrían eventualmente revocar las prohibiciones existentes.
Desde que en 2019 Colorado prohibió a los profesionales de la salud mental realizar intervenciones que intenten alterar la orientación sexual o identidad de género, las sanciones para los infractores incluyen multas de hasta cinco mil dólares y posibles suspensiones de su licencia profesional.
Estas prácticas, promovidas por ciertos grupos religiosos, aspiran a que menores homosexuales se conviertan en heterosexuales o que niños transgénero se ajusten a su sexo biológico. Sin embargo, han sido rechazadas por la mayoría de las organizaciones médicas, que advierten que pueden ocasionar serios problemas de salud mental.
El Proyecto Trevor, una entidad enfocada en la prevención del suicidio entre jóvenes LGBTQ+, consideró la decisión como un “trágico retroceso”. Mientras tanto, el grupo First Liberty Institute aplaudió la sentencia, argumentando que no se debe restringir la libertad profesional de los especialistas.
