México.- Comunidades indígenas mayo-yoreme han manifestado su rechazo al proyecto de construcción de una gran planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa, que, según ellos, representa un grave riesgo de ecocidio y etnocidio. Tras más de diez años de protesta, anunciaron la toma indefinida de esta instalación financiada por fondos suizos y alemanes.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y portavoz del movimiento social, advirtió: “Nosotros tomaremos la instalación el lunes para obtener respuestas”. Esta declaración se produjo después de una reunión con altos mandos de las autoridades ambientales, entre ellas la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.
El líder indígena indicó que el Gobierno mexicano ha propuesto establecer mesas de trabajo con las comunidades afectadas, aunque esta iniciativa solo será considerada si se suspenden, de inmediato, las obras de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), vinculada al grupo suizo-alemán Proman, que planea producir 2,200 toneladas métricas de amoniaco a diario.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y del desplazamiento de los pueblos originarios, lo que causaría un etnocidio y un ecocidio”, enfatizó Montaño, quien destacó la necesidad de que el gobierno reconozca los daños que podría acarrear la construcción de esta megaplanta para más de 6,600 indígenas en la región circundante.
Riesgos para el ecosistema
A lo largo de 12 años de resistencia, se han alzado voces de indígenas, científicos y organizaciones internacionales, incluida la ONU, que han advertido sobre los peligros del proyecto, apoyado por 860 millones de dólares del banco alemán KfW IPEX-Bank. Se estima que la planta extraerá 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora, lo que impactará negativamente en la temperatura del agua de la bahía al ser desechada.
“El agua será devuelta a la bahía a temperaturas que pueden superar tres grados más, afectando así al ecosistema y, por ende, a la pesca, que es la principal fuente de alimento para nosotros”, detalló Montaño.
Además, advirtió sobre el riesgo de fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas a 45 kilómetros a la redonda, lo que representaría un peligro significativo para más de 40,000 personas. Sin embargo, Montaño afirmó que la empresa se ha reservado información crucial relacionada con estas potenciales afectaciones.
“La situación sería trágica, ya que Topolobampo carece de recursos suficientes para una evacuación efectiva en caso de emergencia”, añadió. El área de la bahía de Ohuira alberga igualmente el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio RAMSAR que es clave para diversas especies de fauna, incluyendo aves migratorias, delfines y tortugas.
El avance de la construcción de la planta ya alcanza el 88 por ciento, lo que ha implicado el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y el desplazamiento de la fauna local, según denuncias de los habitantes.
Montaño hizo hincapié en que la empresa no ha proporcionado garantías claras sobre los posibles impactos, lo que ha dejado a la comunidad en una situación de incertidumbre. “Todo indica que el proyecto tiene un rumbo equivocado, y no aceptaremos que continúe”, sentenció.
Tras el rechazo en mayo del megaproyecto turístico ‘Perfect Day’ en el Caribe mexicano, los pueblos indígenas mayo-yoreme se mantienen firmes en su intención de intervenir en la planta GPO e impedir su funcionamiento.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de México ordenó que se llevara a cabo una consulta con las comunidades indígenas sobre este proyecto, pero la decisión fue favorable a GPO, ya que incluyó a comunidades no directamente afectadas, lo que generó acusaciones de manipulación con incentivos económicos y alimentarios, vulnerando el derecho a la consulta libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT.
