Internacional.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha instado a sus fiscales a considerar el uso de leyes antiterroristas para presentar cargos de narcotráfico contra funcionarios mexicanos. Esta decisión, que busca diversificar el enfoque de las investigaciones hacia figuras del gobierno, fue comunicada recientemente por Aakash Singh, Subprocurador General Adjunto, durante una reunión con fiscales de diversas regiones del país.
La estrategia de la administración del presidente Donald Trump, ya visible en la designación de ciertos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, ahora se amplía a funcionarios de gobierno. El objetivo es hacer frente a una red más amplia de complicidad en el narcotráfico además de perseguir a los líderes criminales.
Singh ha instado a los fiscales a aumentar las acusaciones contra dichos funcionarios, sugiriendo que pueden ser procesados por “apoyo material” a grupos considerados terroristas. Esta política se sitúa en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos, especialmente tras las acusaciones recientes contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado las imputaciones.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su preocupación por esta situación, destacando la necesidad de que cualquier acción se realice con un respeto absoluto a la soberanía nacional y cuestionando la solidez de las pruebas presentadas por Estados Unidos.
A pesar de las tensiones, algunas autoridades estadounidenses sostienen que la cooperación con México ha llevado a logros significativos en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo operativos exitosos y extradiciones de líderes criminales.
