Internacional.- Costa Rica vive un momento inédito en su historia democrática con el anuncio del nuevo gabinete de la presidenta electa Laura Fernández. A partir del 8 de mayo, el expresidente Rodrigo Chaves Robles no solo cederá su cargo, sino que lo hará manteniendo una influencia notable al asumir como ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Este acto no ejemplifica una transición convencional, sino una metamorfosis que refuerza su control en el país. Chaves, quien gobernó durante cuatro años, continúa en la esfera del poder, alterando la dinámica típica de sucesión política al moverse de un despacho a otro mientras retiene las riendas de aspectos clave de la economía y la política nacional.
El fenómeno de esta dualidad de mando es particularmente llamativo. Laura Fernández, quien fue designada por Chaves como ministra de la Presidencia, ahora se encuentra bajo su tutela, lo que genera un entramado complejo. Después de un breve paréntesis, Fernández regresa para ejercer una función que está férreamente ligada a las decisiones de su predecesor. Lo que se configura es una estructura de poder donde Chaves permanece como figura central, obteniendo un nuevo título pero sin renunciar a su influencia.
Más allá de la reconfiguración del poder, hay un aspecto crucial que se vislumbra: la posibilidad de impunidad. Su nuevo rol bajo los auspicios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) le concede inmunidad, blindándolo contra cualquier acción penal futura. Las numerosas denuncias en su contra, incluidas circunstancias que involucran financiamiento irregular y tráfico de influencias, quedan suspendidas, poniendo en cuestión la integridad del sistema judicial del país.
En un contexto donde las instituciones y la ciudadanía buscan mantener su fortaleza, el futuro de Costa Rica se presenta incierto. Con las elecciones de 2026 ya marcadas por la sombra del expresidente, queda por ver cómo lidiará la sociedad ante esta situación de poder concentrado, que recuerda a regímenes autoritarios, a pesar de las aspiraciones democráticas del pueblo tico.
La pregunta planteada anteriormente aún está vigente. Sin embargo, hoy la respuesta parece estar más clara que nunca en el horizonte costarricense.
