México.- Juan de Dios Gámez, quien ocupa el cargo de alcalde en Culiacán, ha solicitado oficialmente una licencia para ausentarse de su puesto. Esta decisión se enmarca en el contexto de serias acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por parte de autoridades estadounidenses, quienes lo vinculan con actividades de narcotráfico.
Ana Miriam Ramos Villarreal, quien es la Síndica Procuradora del Ayuntamiento, ha asumido el cargo como presidenta municipal interina tras dicha solicitud. La petición se da en un momento crítico para la administración estatal, ya que se ha revelado que Rocha Moya y otros funcionarios han sido imputados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por delitos graves asociados al narcotráfico, involucrando operaciones del Cártel de Sinaloa.
Entre los acusados también figuran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y otros líderes de las fuerzas del orden, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación en la que se encuentran las autoridades locales. La acusación sostiene que estos funcionarios habrían proporcionado protección al cartel a cambio de sobornos, de manera que facilitaron el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el acceso a información crucial que favorecía las operaciones del cartel.
Acciones de la Fiscalía General de la República
La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que solicitará a las autoridades de Estados Unidos que envíen las pruebas relacionadas con las acusaciones hacia Rocha Moya y otros funcionarios. Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que se enviará una solicitud formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener la documentación necesaria.
Jiménez aclaró que en este momento no existen elementos que justifiquen la detención provisional de Rocha Moya y de los otros implicados, contrariamente a lo que ha solicitado EE.UU. Al respecto, el funcionario subrayó que no se ha presentado ninguna evidencia que sustente tal urgencia, lo que demuestra que la FGR actuará conforme a lo establecido en la ley mexicana.
El compromiso de la FGR, según sus declaraciones, es garantizar la transparencia y la justicia, así como la defensa de la soberanía nacional, en medio de este complejo escenario político y judicial.
