México.- Más de 150 organizaciones y líderes políticos en México han hecho un llamado urgente para posponer la elección judicial programada para 2027. Este pedido surge después de las deficiencias observadas durante la votación de 2025, lo que lleva a cuestionar la efectividad del modelo actual.
En una misiva dirigida a las autoridades legislativas y del sistema electoral, los firmantes señalaron que el diseño actual del proceso no asegura la idoneidad de los candidatos ni la calidad del sistema de justicia. Asimismo, alertaron sobre riesgos estructurales que podrían afectar la credibilidad del Poder Judicial.
Respaldado por especialistas, académicos y organizaciones civiles, el posicionamiento resaltó que la elección judicial no debería realizarse en simultáneo con las elecciones de 2027, que incluirán votaciones para diversos cargos legislativos y ejecutivos. La posibilidad de que estos procesos se entrelacen podría acarrear dinámicas partidistas que erosionen la independencia judicial.
“La elección de los jueces, en su presente configuración, presenta serios riesgos y no puede ser considerada suficiente para garantizar la legitimidad del sistema de justicia”, enfatizaron los firmantes.
Entre las principales preocupaciones expresadas, se menciona la ausencia de filtros técnicos adecuados en las postulaciones, lo que permite la entrada de candidatos sin la experiencia necesaria. También se evidenciaron fallos operativos en la elección de 2025, como boletas complejas y falta de información clara para los votantes.
Otro punto crítico es el esquema de evaluación, que se divide en tres comités, uno por cada Poder del Estado. Esto ha creado desigualdades en los criterios de selección y ha suscitado percepciones de favoritismo político.
Para abordar estos problemas, se sugirió aumentar los requisitos técnicos para los aspirantes, estandarizar los mecanismos de evaluación, y rediseñar aspectos clave del proceso electoral para hacerlo más accesible y confiable.
Finalmente, argumentaron que el aplazamiento de la elección ofrecería tiempo para corregir deficiencias y optimizar el modelo actual, asegurando condiciones más adecuadas para su implementación.
La elección del Poder Judicial es parte de una reforma promovida por el gobierno mexicano, que introdujo el voto popular para la selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Esta reforma se despliega en dos etapas: la primera se realizó en junio de 2025, y una segunda está programada para 2027, coincidiendo con los comicios federales y locales.
Se ha advertido que esta coincidencia podría aumentar el riesgo de influencias partidistas, algo que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha señalado tras la elección de 2025. Especialistas han recomendado revisar el modelo antes de las próximas elecciones, sugiriendo simplificar las boletas y evitar la concentración excesiva de cargos en un solo proceso electoral.
