México.- La presidenta de la República se enfrenta a un escenario complicado tras la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su administración. Este hecho, que fue revelado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, desató una ola de reacciones en el ámbito político nacional.
La solicitud de detención, relacionada con delitos de narcotráfico, fue comunicada oficialmente a la mandataria a las seis de la tarde del martes. Sin embargo, el impacto real se sintió al conocerse, al día siguiente, las acusaciones formales en una corte federal de Nueva York. Esto ocurre en un contexto de creciente presión sobre el gobierno federal, exacerbada por otros escándalos recientes, como el caso de agentes de la CIA en Chihuahua.
Entre los implicados, destaca Enrique Inzunza, exsecretario de gobierno de Sinaloa y actual senador, quien piensa que estas acusaciones buscan perjudicar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Inzunza, al igual que Rocha Moya, ha negado las acusaciones y afirmó su inocencia. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también defendió su posición y la de sus colegas políticos en medio de la crisis.
La respuesta de la presidenta ante este escándalo será crucial, dado que representa uno de los mayores retos de su administración hasta la fecha. Además, la Cancillería mexicana expresó su descontento hacia la embajada estadounidense por la presunta falta de confidencialidad en el manejo de esta información, señalando que se requieren pruebas más contundentes para respaldar las acusaciones.
El escándalo también podría reconfigurar el panorama político de Sinaloa, ya que tanto Inzunza como Gámez, potenciales candidatos para 2027, podrían estar fuera del juego político, abriendo un espacio para la oposición.
