México.- La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha llevado a cabo una demanda colectiva contra 53 compañías dedicadas al suministro de gas licuado de petróleo (LP) por un daño económico que supera los 720 millones de dólares. Esta acción legal responde a una colusión que se extendió por más de una década, impactando a consumidores en varias partes del país.
La CNA ha solicitado que las empresas involucradas ofrezcan descuentos en el costo del gas LP como compensación por los sobreprecios aplicados en este tiempo. Según un comunicado oficial, esta demanda es el resultado de un análisis previo que identificó un acuerdo ilícito entre las firmas, incluyendo Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, entre otras.
Durante los diez años de colusión, las empresas acordaron manipular precios y segmentar el mercado en distintas localidades de la Ciudad de México, el Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa, ocasionando un daño a los consumidores que asciende a más de 13 mil millones de pesos.
La comisión enfatizó que esta demanda no solo busca sancionar las prácticas abusivas, sino también garantizar un resarcimiento a los afectados. “La CNA decidió presentar esta acción legal para que los infractores reparen el daño causado a la sociedad”, declaró el organismo regulador.
El gas LP es fundamental en los hogares mexicanos, siendo utilizado como principal fuente de energía por 8 de cada 10 familias, según datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. Esto pone de manifiesto el impacto directo que estas prácticas desleales han tenido sobre el día a día de millones de ciudadanos.
Además, esta demanda se suma a las sanciones ya impuestas el año pasado, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aplicó multas por un total de 2 mil 414 millones de pesos a las mismas empresas por prácticas similares de colusión en el mercado del gas LP.
Con estas acciones, la CNA reafirma su compromiso de utilizar todos los recursos legales disponibles para sancionar a quienes infrinjan la ley y asegurar que los beneficios lleguen de manera tangible a los consumidores.
