Internacional.- Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, descendientes de la pareja presidencial nicaragüense, han sido objeto de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas medidas buscan desmantelar las redes que apoyan el régimen de Ortega y Murillo, que controla la política y los recursos naturales en Nicaragua.
Sanciones y Fondo de Poder
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido a Daniel Edmundo, de 46 años, y Maurice Facundo, de 40, en una lista que también abarca a otros individuos y empresas implicados en la explotación y comercialización de oro en el país centroamericano. Este grupo, según el Departamento del Tesoro, contribuye a mantener el poder de Ortega y Murillo, al mismo tiempo que participa en la confiscación de propiedades de ciudadanos estadounidenses.
Protagonistas del Control Mediático y Deportivo
Daniel Edmundo, nacido en 1980, es el hijo mayor de Ortega y Murillo y cuenta con un rol prominente como coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Este puesto, que anteriormente ocupó su madre, le permite controlar la narrativa oficial y la comunicación estatal. A través de alianzas con medios de comunicación de China y Rusia, ha consolidado su influencia mediática. Especializado en Sociología, se ha destacado por su postura agresiva hacia la prensa crítica, calificando a muchos de ellos como “mercenarios” y “traidores”.
Maurice Facundo, por su parte, se centra en el ámbito deportivo. Recientemente, recibió la visita del presidente de la FIFA en Nicaragua, lo que subraya su papel en la promoción y organización de eventos deportivos. Casado con Blanca Díaz, cuya familia también está vinculada a estructuras de poder en el país, Maurice ha mantenido un bajo perfil hasta ahora.
Un Entorno Familiar Político y Controversial
Ambos hermanos son parte fundamental de un núcleo familiar que ha manejado el país con un enfoque autoritario, justificando sus decisiones a través de un fuerte control mediático y político. Mientras Nicaragua enfrenta críticas por la represión a la libertad de prensa y la violación de derechos humanos, las acciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. reflejan un esfuerzo por desmantelar estas estructuras de poder que perpetúan el régimen.
