Internacional.- El Senado francés ha dado un paso significativo al aprobar, con un abrumador apoyo de 202 votos a favor y solo dos en contra, la eliminación de la noción de «deber conyugal» del Código Civil. Esta antigua concepción, utilizada como argumento en ocasiones de divorcio, ha sido cuestionada y ahora se busca su completa erradicación.
La iniciativa, que recibió el respaldo del Senado, se basa en reflejar la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Según la Cámara Alta, la proposición de ley tiene como principal objetivo reafirmar que no existe ningún deber de mantener relaciones sexuales entre cónyuges.
A pesar de que, desde los años 90, la legislación francesa no obligaba explícitamente a mantener relaciones sexuales en el matrimonio, la tradición y la interpretación de ciertas sentencias judiciales continuaban generando confusión. En su forma original, el Código Civil de 1804 establecía un «derecho de cohabitación» que con el tiempo fue evolucionando hacia el concepto de «comunidad de vida», frecuentemente malinterpretado como un imperativo de tener relaciones sexuales conyugales.
Si bien la jurisprudencia dejó claro que cualquier relación no consensuada se considera violación, fue solo en 2010 cuando se eliminó la referencia a la «presunción de consentimiento entre esposos» del Código Civil. Sin embargo, recientemente, algunos jueces seguían considerando que la falta de actividad sexual podía ser causa válida para el divorcio.
Uno de los casos más notorios involucró a una mujer solicitando el divorcio debido a violencia doméstica. En 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia tras dictar una sentencia que atribuía responsabilidad a la esposa por negarse a tener relaciones sexuales durante diez años. Este fallo subrayaba que en un matrimonio el consentimiento para mantener relaciones sexuales no debe ser asumido.
Con la aprobación del Senado, este proyecto de ley se enviará ahora a una comisión conjunta para su revisión final, lo que marca un avance crucial hacia la protección de los derechos individuales en el contexto matrimonial.
