México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha expresado su desacuerdo con las conclusiones emitidas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) en relación a la situación de desapariciones en México. La CNDH considera que la decisión de solicitar al secretario general de la ONU que remita el caso mexicano a la Asamblea General está basada en una interpretación sesgada y carente de contexto histórico y global.
El organismo nacional argumentó que las desapariciones forzadas han dejado de ser políticas de Estado, lo que contrasta con las afirmaciones del Comité. En su declaración, la CNDH señaló que el CED basa su evaluación en las peticiones de organizaciones y familiares de desaparecidos, destacando que ha dado prioridad a las posiciones de grupos como el Centro Prodh, en detrimento de los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano en los últimos años.
Asimismo, la CNDH insistió en que antes de realizar tales intervenciones, se debería haber agotado primero el sistema nacional previsto en la convención internacional y critIcó al CED por no tomar en cuenta los artículos 30 y 31 del tratado que establecen las condiciones para su participación.
La CNDH contextualizó que las desapariciones forzadas asociadas a políticas de Estado corresponden a períodos de intensa represión, como la “Guerra Sucia” (1951-1990) y la “guerra contra el narcotráfico” (2006-2012). En este sentido, argumentó que los casos recientes deben enfocarse en mejorar la búsqueda y potenciar las instituciones encargadas de encontrar a las víctimas.
Según la postura de la CNDH, existe una contradicción en la declaración del comité, que por un lado niega la existencia de una política federal deliberada para las desapariciones y, por otro, apunta que estos eventos son el resultado de políticas estatales o organizacionales.
El organismo también subrayó su compromiso al señalar que, desde 2023, ha advertido sobre el uso tendencioso de las cifras de desaparecidos. Además, ha emitido 14 recomendaciones relacionadas con desapariciones forzadas que incluyen hechos desde 1958 hasta 2022 en diversos estados, como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
Por otra parte, la CNDH rechazó la propuesta de cooperación internacional, argumentando que tales fórmulas no han resultado efectivas para mejorar la situación de derechos humanos en el país, y criticó a algunas organizaciones que, según señala, lucran con esta problemática.
El gobierno de México ya había catalogado el informe del CED como “tendencioso” y carente de un fundamento jurídico sólido, mientras que Amnistía Internacional celebró la decisión del Comité, abogando por la aceptación de asistencia internacional y recordando que la crisis de desapariciones afecta a más de 132 mil familias.
