México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha expresado su desacuerdo con el reciente informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, en el que se asegura que este delito ha aumentado en el país hasta el punto de poder considerarse un crimen de lesa humanidad.
En un comunicado emitido el 2 de abril de 2026, la Cancillería calificó el reporte de «tendencioso» y rechazó los argumentos presentados, señalando que no se alinean con la definición oficial de desaparición forzada ni con los avances institucionales logrados en los últimos años.
La SRE subrayó que el marco de la Convención se refiere a casos de desapariciones generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, algo que, según el gobierno, no refleja la realidad de México, que ha iniciado transformaciones significativas en esta área desde 2019.
Además, el informe se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La SRE argumentó que la decisión del Comité es parcial y no toma en cuenta los esfuerzos actuales por abordar el problema.
«Lamentamos que el Comité haya desestimado la información actualizada que le proporcionamos antes de publicar su resolución», indicó el comunicado. Asimismo, se destacó que el propio Comité admitió en su análisis que no hay evidencias de una política federal de ataque sistemático contra la población civil.
La Cancillería cuestionó la falta de rigor en los argumentos del Comité y mencionó que hay indicios de conflictos de interés entre algunos de sus miembros. En este contexto, el gobierno reafirmó que no tolera las desapariciones forzadas y que se han realizado reformas legislativas e institucionales en colaboración con grupos de familiares de víctimas para abordar esta problemática.
Entre las iniciativas destacadas por el gobierno se incluyen:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir una carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- La creación de fiscalías especializadas estatales.
- Mejoras en la Comisión Nacional de Búsqueda.
- La colaboración entre diversas comisiones de búsqueda y fiscalías.
Finalmente, el gobierno destacó su compromiso con la cooperación internacional, pero enfatizó que debe basarse en un entendimiento realista de la situación actual en México.
