Culiacán Sin.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, ha anunciado un acuerdo para avanzar hacia la extinción de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) del Congreso del Estado. Esta decisión se ha tomado tras un minucioso análisis que comenzó en octubre del año anterior, donde se identificaron graves deficiencias en su estructura y una notable falta de resultados.
Guerra Ochoa aclaró que la remoción de Alejandra Pineda, quien lidera la UTE, no es un acto apresurado ni una cuestión urgente. Según ella, el reglamento que rige a esta unidad se creó en un marco de tensión política con la Auditoría Superior del Estado, otorgando a la UTE facultades que han resultado excesivas, llevándola a intentar ser superior al órgano auditor.
“Observamos muchas inconsistencias y duplicidades en las funciones. La meta es simplificar la estructura y concentrar las responsabilidades en las entidades que verdaderamente deben manejarlas. No buscamos anular la participación de una persona, sino ajustar la normativa”, enfatizó la diputada.
Un factor determinante en la remoción de Pineda fue su incumplimiento en tareas esenciales. Guerra Ochoa mencionó que desde finales de 2024, se le encomendó realizar una revisión normativa para alinear sus funciones con las de la Auditoría y el Órgano Interno de Control. Sin embargo, este análisis nunca se presentó.
Además, la legisladora resaltó que hubo una falta de comunicación entre Pineda y la Comisión de Fiscalización en los últimos meses. Reconoció que el problema se origina en un reglamento que permite a la UTE tener demasiadas facultades, lo que provoca conflictos innecesarios con la Auditoría del Estado.
Sobre las críticas de algunos legisladores respecto a la remoción de la titular, Guerra Ochoa aseguró que no podían esperar la extinción del organismo para proceder con la separación de Pineda, ya que hacerlo de forma retroactiva habría generado inconvenientes legales. Además, defendió que la información sobre este tema había sido debidamente compartida con todos los grupos parlamentarios desde meses atrás.
“Nuestra decisión se basa en la identificación de contradicciones en el funcionamiento de la UTE. Esperamos más de cuatro meses antes de tomar esta acción, siempre buscando la coherencia normativa”, concluyó.
