Culiacán Sin.- La exdirectora de la Unidad Técnica de Evaluación, Silvia Alejandra Pineda Prado, ha calificado su destitución como un acto autoritario y una represalia política tras intentar auditar obras de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Pineda Prado rechazó categóricamente las acusaciones de ineficiencia y duplicidad de funciones que han circulado en el ámbito político, asegurando que su salida fue influenciada por presiones externas y no por su desempeño profesional. En una sesión extraordinaria convocada sorpresivamente solo para tratar su remoción, no se le permitió defender su gestión frente a los señalamientos.
“Si realmente hubiera sido ineficiente, no me habrían reelegido este año”, explicó, enfatizando que la Comisión de Fiscalización evaluó su trabajo de manera positiva. Aseguró que la situación actual es un claro abuso de poder y un acto de violencia política.
Además, Pineda reveló que su salida se debe a un conflicto de intereses ocurrido a finales del año pasado, cuando intentó ejercer su derecho a auditar el proceso de construcción del edificio de la ASE. Según sus palabras, la diputada María Teresa Guerra Ochoa le mencionó que, aunque su capacidad era reconocida, debía renunciar debido a sus acciones.
“Me ofrecieron una renuncia voluntaria y mantener mi sueldo, pero no acepté. Mi ética y trayectoria están a salvo”, aseveró, añadiendo que había recibido presiones del diputado Eligio López.
En relación con la supuesta duplicidad de funciones que el Congreso utiliza para justificar la disolución de la UTE, Pineda fue contundente: “La legislatura interpreta las leyes a su conveniencia en lugar de hacer las reformas necesarias. No hay duplicidad; lo que realmente falta es voluntad para ser revisados. A nadie le gusta que lo supervisen”, sentenció.
Finalmente, lamentó que, a pesar de los discursos en pro de la transparencia y rendición de cuentas, se usen prácticas arcaicas para deshacerse de funcionarios que accedieron a sus puestos mediante concursos y méritos profesionales.
