Culiacán Sin.- La 65 legislatura de Sinaloa está a punto de presentar una iniciativa que buscará establecer un límite máximo de 63 mil pesos para las pensiones en el ámbito de la seguridad pública. Esta medida, anunciada por María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, se impulsa ante la necesidad de corregir las disparidades que han surgido en el sistema actual.
Guerra Ochoa enfatizó que actualmente existe un tope relacionado con los ingresos, y que es crucial que este principio también se aplique a las pensiones. El límite propuesto es equivalente al 50% del salario de la presidenta, pero existen casos ya documentados donde algunas pensiones alcanzan hasta 80 mil pesos por mandato judicial, lo cual resulta insostenible y desigual.
“El Congreso se encarga de regular las pensiones en el marco de la Ley de Seguridad Pública, ya que en otros contextos no existen pensiones de privilegio”, afirmó la legisladora, aludiendo a la necesidad de alinearse con criterios establecidos a nivel federal en relación a los llamados ‘excesos’.
Para ilustrar la situación, mencionó la pensión de 84 mil pesos otorgada a José Luis Leyva Rochín, que ocupó el cargo de Fiscal Especializado en Desapariciones Forzadas de Personas en Sinaloa. Este tipo de casos evidencian la urgencia de implementar regulaciones efectivas.
“Con esta iniciativa, buscamos fijar estándares justos que se alineen con la política de austeridad y fomenten la equidad dentro del sistema de seguridad pública”, concluyó Guerra Ochoa, invitando a un debate abierto sobre esta reforma.
