México.- La reciente recuperación de una bolsa con restos óseos etiquetada «2014» en la funeraria El Ángel de Iguala ha reavivado las demandas de justicia de los padres de los normalistas desaparecidos en 2014. Este descubrimiento pone de manifiesto la necesidad urgente de un abordaje riguroso y científico que respalde cualquier intento de identificación y reparación.
Para que este hallazgo sea realmente útil, es esencial que el Estado implemente procedimientos que aseguren la validez y la aceptación de la evidencia en los procedimientos judiciales. La fecha señalada en la etiqueta no es suficiente; la datación de restos óseos debe basarse en exhaustivos análisis científicos y protocolos adecuados, eliminando cualquier duda sobre su autenticidad y procedencia.
Además, situaciones como la posible manipulación de la bolsa antes del cateo reciente generan preguntas sobre la cadena de custodia, que es fundamental para el manejo adecuado de la evidencia. Documentación precisa, como actas de aseguramiento y registros audiovisuales, es crucial para mantener la integridad de la prueba. Sin la debida supervisión y presencia de expertos en cada etapa, la evidencia puede comprometerse irremediablemente.
Otro aspecto crítico es la identificación de los restos. La forma en que estos fueron tratados térmicamente influye en los métodos periciales y en la posibilidad de extraer ADN. Por ello, es vital realizar estudios técnicos que distingan entre diferentes tipos de alteraciones térmicas y que ayuden a establecer conexiones con otros hallazgos en la región.
Asimismo, la administración del Servicio Médico Forense y la funeraria deben ser auditadas para identificar cualquier irregularidad en el manejo de la evidencia desde 2014, lo que repercute directamente en la búsqueda de justicia.
La participación activa de las familias en el proceso es igualmente fundamental. Es crucial que los familiares tengan acceso a los peritajes y se les permita observar el proceso, ya que la exclusión de algunos puede socavar la confianza en las investigaciones.
Finalmente, las autoridades deben adoptar una comunicación responsable y evitar hacer declaraciones prematuras que puedan afectar la percepción pública y el proceso judicial. La integridad y la rigurosidad del estudio científico deben ser una prioridad, así como el deber de claridad y verdad hacia las víctimas.
El descubrimiento en El Ángel puede ser un paso hacia la verdad, siempre que se maneje con el rigor y la responsabilidad necesarios. La exigencia social de justicia exige un enfoque basado en la ciencia y en el respeto a los derechos de las víctimas, para evitar que la evidencia se convierta en un elemento más de incertidumbre.
