México.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, realizó un llamado contundente este sábado para que no se pierda de vista el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Campos exigió que Rocha Moya sea llevado ante la justicia y subrayó su firme oposición a cualquier intervención extranjera en el país.
Mediante un video divulgado en su cuenta de X, la gobernadora panista advirtió que México atraviesa por una crisis de confianza internacional que puede amenazar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta situación, según ella, abre la puerta a la posibilidad de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos contra los cárteles operando en territorio mexicano.
Estoy completamente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México, expresó Campos, haciendo hincapié en su compromiso con la soberanía del país, un compromiso que, según dijo, no tolera ambigüedades. La mandataria recordó que la verdadera defensa de la soberanía se traduce en la aplicación de la ley y en el fortalecimiento del Estado de derecho en México.
La controversia en torno a Rocha Moya tiene sus raíces en un operativo antinarcóticos en Chihuahua que resultó en la muerte de cuatro personas, incluidos dos agentes estadounidenses aparentemente involucrados con la CIA. Este operativo fue ejecutado sin la debida comunicación al gobierno mexicano.
Campos relacionó este caso con lo que considera la tendencia del “régimen morenista” de proteger a funcionarios señalados por Estados Unidos. “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía significa exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y que se investigue públicamente a los demás acusados”, enfatizó la gobernadora.
Este pronunciamiento ocurre en momentos en que Washington ha solicitado la captura y extradición de Rocha Moya, así como de otros funcionarios de Sinaloa, por presuntas conexiones con el narcotráfico. El gobierno mexicano, no obstante, ha solicitado más pruebas y la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que no hay elementos suficientes para realizar una detención provisional urgente.
La situación es especialmente delicada, considerando que Campos fue vinculada a un proceso en 2021 por presuntos delitos de cohecho relacionados con la administración del exgobernador César Duarte. La gobernadora advirtió que si México enfrentara una incursión extranjera o la pérdida del T-MEC, sería responsabilidad del gobierno federal por proteger a funcionarios implicados. Por su parte, el oficialismo ha denunciado que la oposición utiliza este caso con fines políticos, acusando a Campos de violar leyes y la soberanía nacional al permitir injerencias externas.
